Bienvenidas y Bienvenidos

La Procuraduría General de la Nación a través de la Delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia y la Familia hace Vigilancia Superior a la gestión pública territorial frente a la garantía de los derechos de los niños, las niñas, los adolescentes y los jóvenes, en cumplimiento de la función preventiva asignada constitucionalmente, especialmente, en lo relacionado con la protección de los derechos humanos y el asegurar su efectividad (numeral 2, artículo 277 de la Constitución). Esta Vigilancia se desarrolla en el marco del proceso de rendición pública de cuentas territorial, que se ha realizado en dos ocasiones -años 2011 y 2015-, destacando que se trata de “una oportunidad para explicar, argumentar y hacer un balance de avances, dificultades y retos sobre las competencias y compromisos de la administración pública” frente a la garantía de los derechos de la población menor de 29 años.

A partir del 1º. de septiembre y hasta el 31 de diciembre 2019, el aplicativo estará habilitado para CONSULTA de las fases 1 y 2 y para REGISTRO de información de las fases 3 y 4 y las buenas prácticas.

Vigilancia Superior

La Vigilancia Superior se articula con las fases del proceso de rendición de cuentas, es decir, ésta se realiza a partir de y durante la generación y análisis de información, los encuentros estratégicos de diálogo y las audiencias públicas, así como con la fase de sostenibilidad y evaluación del proceso.

Esta Vigilancia Superior, a través de su aplicativo web, (i) ayuda a dinamizar el proceso de rendición de cuentas territorial enmarcado en el enfoque de derechos humanos, (ii) ofrece un conjunto de herramientas metodológicas que orientan a la autoridad territorial sobre el proceso de vigilancia, (iii) brinda los insumos necesarios para que el mandatario territorial pueda mostrar al país las acciones desarrolladas, los logros y las dificultades encontradas durante su gobierno para avanzar en la garantía de derechos de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, y (iv) promueve en las entidades territoriales análisis diferenciales, sobre las acciones administrativas y financieras implementadas en la garantía de derechos a partir de rutas y esquemas de análisis previamente definidos por la Procuraduría. Esta herramienta tiene como propósito que todas las entidades territoriales, en forma estandarizada, tengan insumos para que realicen el proceso de rendición pública de cuentas, ordenado en las siguientes leyes:

Ley 1098 de 2006, Artículo 204

"Son responsables del diseño, la ejecución y la evaluación de las políticas públicas de infancia y adolescencia en los ámbitos nacional, departamental, distrital y municipal, el Presidente de la República, los gobernadores y los alcaldes. Su incumplimiento será sancionado disciplinariamente como causal de mala conducta. La responsabilidad es indelegable y conlleva a la rendición pública de cuentas".


Ley 1622 de 2013, Parágrafo del Artículo 9º

"La dependencia encargada de la coordinación de juventud en la Nación y en cada ente territorial, convocará una audiencia pública de rendición de cuentas de carácter obligatorio cada año sobre la inclusión de los y las jóvenes, así como sobre los avances de la política pública de juventud. La audiencia deberá contar con participación de las autoridades públicas territoriales de todas las ramas de poder público, así como de los órganos de control, y serán encabezadas por el Alcalde, Gobernador o el Presidente de la República, respectivamente".

La información entregada por los territorios en este proceso de vigilancia, permitirá hacer una aproximación sobre el avance que tiene el país frente a la garantía de derechos de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, con la consecuente elaboración de planes de mejoramiento que permitan superar las debilidades o deficiencias que se determinen. La vigilancia no constituye un elemento de calificación para los territorios.

El valor, interés y utilidad del análisis que se desprende de esta Vigilancia Superior para reflejar la realidad de la situación de los derechos de la niñez y la juventud, quedan condicionados por la veracidad de la información registrada por los mandatarios territoriales.


Usted es nuestro visitante
43,706